El título de esta nota contiene lo que constituye en verdad el reclamo sonoro o silencioso de muchísimos radiodifusores a lo largo y ancho del país que aún espera respuesta. Hace más de treinta años del inicio de las emisiones de radios de frecuencia modulada.
Fenómeno de vastísima extensión entre nosotros, tanto porque significó la apropiación de un micrófono para dar voz a los que no la tenían en los tiempos de salida de la época más oscura de la sociedad, como porque el avance tecnológico facilitó las herramientas para que ello sucediera.
Mientras tanto, el Estado fue transitando caminos zigzagueantes al tiempo de administrar el espectro radioeléctrico y asumir la nueva realidad.
Con la Ley de Reforma del Estado de 1989, que abrió el camino a la concentración mediática y las privatizaciones de radios y canales de televisión, apareció el primer reconocimiento, bajo la forma de permisos precarios provisorios (PPP).
Pasarían 10 años para que las FM se independizaran de las tradicionales AM y surgieran las primeras licencias.
La incapacidad de la política pública para asumir la nueva realidad se verificó también en el surgimiento de las “zonas de conflicto”, definición alcanzada porque en las convocatorias de los años 90, la demanda de frecuencias superó a la oferta existente, lo que condujo a la “normalización” a un callejón sin salida.
Se trata de casi todas las capitales de provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ciudades de alta densidad poblacional como Rosario y Mar del Plata.
Fue necesaria la declaración de inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22.285 por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2003 para que el Estado se anoticiara de la violación sistemática de garantías consagradas en la Constitución de 1994 con respecto a las asociaciones civiles y personas jurídicas sin fines de lucro que, como el caso de la Asociación Civil Carlos Mugica (Córdoba), recibían el trato discriminatorio de la vieja ley de la dictadura que las excluía.
Luego de la reforma parcial del año 2005 a instancias del diputado rionegrino Osvaldo Nemirovsci, la Autoridad de Aplicación en la materia (por entonces COMFER) dio inicio a un proceso de regularización de licencias de radios de frecuencia modulada en todo el interior de todas las provincias en el año 2006, cuyo remanente viene siendo objeto de sendas convocatorias a concursos desde 2012 a la fecha.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 vino a saldar deudas pendientes para con la sociedad, tanto respecto de la posibilidad de entender la comunicación como un derecho humano básico como para promover la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación en los medios, tanto como garantizar el libre ejercicio del derecho de toda persona a recibir y difundir información, asegurando el federalismo y el desarrollo cultural, educativo y social de la población.
A través de los artículos 159 y 160, la nueva ley dejó a salvo los derechos de los antiguos titulares de P.P.P. y de las entidades sin fines de lucro que permanecieron atrapados en las zonas de conflicto, como igualmente de aquellos que se presentaron al proceso de regularización iniciado en 1999 y que quedara trunco, estableciendo una reserva de frecuencias a favor de los mismos y la posibilidad de concursos cerrados para la adjudicación de las licencias.
Todo ello como herramienta previa indispensable para resolver las reservas de espectro a favor del sector sin fines de lucro (en un 33%) que también la ley considera en forma reparatoria.
La aplicación de estos procedimientos comenzó a inicios del 2012 para las ciudades de Formosa, Resistencia, Corrientes, Neuquen y Cipoletti, con aplicación del criterio de concursos cerrados entre titulares de PPP vigentes y avance de procesos de adjudicación directa para aquellos que tuvieren expedientes en trámite desde 1999.
Sin embargo, las “zonas duras” de mayor conflictividad siguen sin solución con un espectro cada vez más contaminado.
Una asignatura pendiente sin duda sigue siendo la aplicación de las tecnologías de digitalización y compresión digital al mundo radiofónico, lo cual permitiría multiplicar las voces y ordenar el uso del espectro radioeléctrico.
Mucho se ha avanzado en materia de televisión digital abierta y sus alcances pueden apreciarse hoy con las emisiones en HD del campeonato mundial de fútbol de Brasil 2014 en forma gratuita con una amplia cobertura nacional.
Del mismo modo, fueron avanzando las “radios on line”, constituyen múltiples emisoras que circulan en la web y que están exentas de toda regulación.
En idéntico sentido, las repetidoras de emisoras comerciales de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de todo el país que compiten duramente en audiencia con las empresas locales (su mayoría pymes) en condiciones de amplia desigualdad.
Ello desafía las exigencias de producción local que correctamente establece el artículo 65 de la nueva ley, pero que requiere de claras medidas desmonpolizadoras y de acceso a la publicidad que aseguren la sostenibilidad del nuevo escenario.
Entonces, si avanzamos en la regularización del espectro de fm y en los términos previstos por la ley deberemos encontrarnos ante el siguiente escenario: regularización de antiguos PPP, adjudicación de licencias en forma directa a los titulares de trámites de normalización pendientes, reserva de espectro para medios públicos y reserva de espectro para el sector sin fines de lucro.
Claramente no pareciera haber espacio para regularizar el cúmulo de emisoras privadas comerciales que existen en todas estas localizaciones.
Todo el cuadro lleva a repensar la respuesta a la interpelación del inicio de la nota.
Cabe la posibilidad de normalizar la situación de las emisoras de frecuencia modulada… o es momento en el que ciertamente debemos comenzar a plantear, con seriedad, de que ese proceso solo será viable si a la par avanzamos con la digitalización de las frecuencias de radios?
En los tiempos en que la disputa del espectro está claramente planteada entre la asignación para el desarrollo de la telefonía celular, la televisión digital abierta, la banda ancha móvil…parece que bien vale la pregunta.
La respuesta sigue estando en las leyes y tratados internacionales que nos recuerdan que el espectro es un recurso natural cuya afectación primordial debe atender a las dimensiones individuales y colectivas del derecho a la información y la libertad de expresión, como lo ha ratificado la Corte Suprema de justicia de la Nación.-
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