Denuncian a empresas de medios K por una evasión millonaria
El relato, al banquillo La AFIP acusó a firmas de Szpolski y Garfunkel, por no pagar $ 85 millones de aportes laborales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia a las empresas que conformaban el Grupo Veintitrés, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, por evadir $ 85 millones en aportes de la seguridad social de sus empleados, durante los últimos años, informaron fuentes judiciales a Clarín. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N°7.
La evasión de aportes, que perjudicó a gran parte de los empleados del grupo de medios ultra K, tuvo dos metodologías: por un lado, las empresas presentaban la declaración jurada de sus empleados en relación de dependencia y retenían los aportes previsionales, pero luego no los depositaban. La segunda variante era que las sumas eran "ingresadas y/o regularizadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello", según figura en la denuncia de la AFIP.
Pese a ello, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) le destinaba a sus medios de comunicación cientos de millones de pesos en publicidad oficial. Por ejemplo, sólo durante el año pasado la ANSeS le puso avisos por $ 105 millones a los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, Radio América, FM Rock & Pop y cadena de noticias CN23, entre otros medios del Grupo Veintitrés; mientras que la Secretaría de Comunicación Pública le adjudicó otros $307 millones en publicidad oficial. A eso se agregaron $10 millones en canjes de deudas impositivas por avisos del gobierno nacional.
La evasión previsional del grupo de Szpolski-Garfunkel fue denunciada por Clarín, cuando estaba Ricardo Echegaray a cargo de la AFIP, en los años 2012 y 2013. Pero el kirchnerismo permitía que su medios de comunicación se financiaran con los aportes previsionales de sus propios empleados.
Cuando se lo consultaba a Szpolski por esta evasión previsional, el empresario -y candidato K a intendente de Tigre en las últimas elecciones- explicaba que el Grupo Veintitrés no pagaba los aportes de sus empleados porque se acogía a las moratorias del Gobierno para canjear las deudas impositivas por publicidad oficial.
Sin embargo, el nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, impulsó la denuncia penal contra las empresas que conformaban el Grupo Veintitrés.
“Hubo una apropiación indebida de los aportes y las contribuciones de la seguridad social”, explicó un tributarista que prefirió mantener su nombre en reserva. Y agregó que es un delito castigado por la Ley Penal Tributaria, con penas que van de dos a seis años de prisión, para quienes evaden los aportes “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño”, según figura en la normativa vigente.
El empresario y dirigente kirchnerista quedó en los últimos días en el centro de fuertes polémicas, ya que la semana pasada una patota encabezada por Mariano Martínez Rojas -supuesto comprador de Tiempo Argentino y Radio América- atacó el inmueble donde funcionan la redacción del diario y los estudios de la emisora. Los trabajadores de esos medios denunciaron que Szpolski y los agresores contarían con protección política de un sector del Gobierno y de ex K, ya que detrás de Szpolski estarían el vicepresidente de Boca Juniors y mano derecha de Daniel Angelici, Darío Richarte; el auditor general de la Nación y vocero informal de Jaime Stiuso, Javier Fernández; y el ex gerente general del Grupo Veintitrés y actual director de Administración y Finanzas de la AFI (ex SIDE), Juan José Gallea.
Se estira una definición por el ataque a Tiempo Argentino.
La jueza María Julia Correa decidió postergar para mañana la decisión sobre el traspaso a la Justicia Federal o de Instrucción Nacional de la causa contra Mariano Martínez Rojas y su patota, por el ataque contra el edificio donde funcionan Tiempo Argentino y los estudios de Radio América.
Fuentes de la Justicia porteña informaron que ayer se realizó una audiencia, donde la jueza pidió 48 horas más para resolver el pedido de la abogada de los trabajadores, María del Carmen Verdú, quien reclamó que se declare incompetente la justicia porteña. Es que “la interrupción de las comunicaciones y del funcionamiento de un medio de prensa” son dos delitos federales, dijo Verdú.
http://www.clarin.com/politica/Denuncia ... 39012.html
