Los ciudadanos estamos en estado de alerta frente a la inesperada convocatoria de la Comisión Redactora de una nueva ley de medios, ahora llamada “Ley de Comunicaciones Convergentes."

Con solo un par de días de anticipación, se convoca al "III debate académico sobre libertad de expresión y convergencia comunicacional" que se realizará hoy lunes a las tres de la tarde en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
¿Cuál es la supuesta intención del encuentro –que en este caso solo reviste carácter académico? , exponer sobre las dos leyes que rigen sobre Telecomunicaciones. Una, la plural y democrática aprobada durante los debates que ¡por años! se realizaron en distintos espacios –académicos y no- , y la promovida por decreto de Macri, que borró con un decretazo aquella para devolver a los grupos concentrados el poder que detentan.
La convocatoria no ha sido plural ni ha sido promovida ni está garantizada, a pesar de que las diversas organizaciones sociales que integran la Coalición por una Comunicación Democrática, han demandado una participación ampliada donde intervengan representantes de toda la sociedad, tal como ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Cabe recordar que la actual Comisión Redactora se vio obligada a organizar estos “debates”, por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se rec
lamó ante ella por las reformas –que entre gallos y medianoche y mediante decretos, hizo el gobierno nacional.
No olvidemos que esta norma, sancionada en el año 2009, nació de un debate amplísimo con participación social abierta, luego aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, y ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A contramano de lo hecho con anterioridad, la actual Comisión Redactora demuestra tener una rarísima idea de lo que significa “participar”, ya que en este caso se limita a exponer ellos mismos o a quienes ellos designan y siempre ante auditorios reducidos.
Ni siquiera existe la posibilidad de que el público haga preguntas. ¿De qué participación hablamos entonces? Tan solo se tratará de un acto formal con un libreto ya establecido sin la menor intención de abrir debates. Y lo que vuelve más odiosa la situación, es que este evento fue anunciado apenas dos días hábiles antes de su realización, primero a través de un tuit de Silvana Giudice, que coordina la Comisión Redactora, y luego tan solo en la página web del Enacom.
Asimismo, la participación también se restringe porque no existe un proyecto de ley sobre el cual discutir, ya que la Comisión Redactora simplemente dio a conocer un escuálido grupo de 17 principios genéricos y ambivalentes de los que se podría deducir cualquier cosa.
Pero la situación es aún más grave porque el gobierno nacional trabaja con el asesoramiento de la consultora privada McKinsey para redactar el futuro proyecto de ley demostrando los funcionarios ser incapaces de hacerlo ellos mismos.
La historia de las políticas de radiodifusión en Argentina y otros países latinoamericanos señala que cuando estas normas se hacen sin auténtica participación social, su contenido beneficia a las elites económicas y políticas mientras deja de lado las demandas ciudadanas.
Resulta entonces vergonzoso que las actuales autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba se presten a un simulacro como éste, sirviendo a una convocatoria leonina.
Reclamamos pues no sólo una convocatoria plural con mecanismos que garanticen la participación real de los académicos y los diversos actores sociales involucrados, sino además que se asegure que esos aportes sean efectivamente incorporados al proyecto de ley, y que éste se haga público para debatir y proponer con fundamentos concretos."